El sector editorial es hoy uno de los más pujantes de la economía española, incluso en un contexto de pandemia y pospandemia mundial. De hecho, en 2021 el mercado experimentó un espectacular crecimiento que se tradujo en «el mayor incremento de facturación en lo que llevamos de siglo», según el último Informe sobre el sector editorial español publicado por la Federación de Gremios de Editores de España. Lejos de revertirse, la tendencia se ha visto confirmada después de la pandemia. En este sentido, Daniel Fernández, presidente de la FGEE, manifestó el pasado 26 de septiembre, con motivo de la presentación de la 41.ª edición de la feria Liber, que «el sector del libro mantiene un comportamiento «no solo bueno, sino muy bueno», de tal forma que tiene previsto cerrar el año con un crecimiento de al menos el 5 %», lo que supone elevar el volumen de facturación por encima de los 1100 millones de euros, el montante más elevado de la última década.
Buenas noticias, sin duda. Sin embargo, los traductores de libros no participan de esta pujanza económica. Un dato basta para resumir e ilustrar la situación de extrema precariedad a la que nos enfrentamos: según el Instituto Nacional de Estadística, desde el año 2013 el IPC ha aumentado un 17,7 % a escala nacional, pero en todo este tiempo apenas se han tocado nuestras tarifas, que en algunos casos han bajado incluso respecto a las de hace diez años, si tenemos en cuenta el último Libro Blanco de la Traducción en España publicado por ACE Traductores. Cabe señalar, además, que en 2013 veníamos de sufrir un recorte generalizado de tarifas derivado de la crisis de 2008, por lo que, en la práctica, la inmensa mayoría de los traductores editoriales en España está cobrando hoy prácticamente lo mismo que hace veinte años. Más aún: hubo un tiempo, no hace tanto, en el que la filial española de un gran grupo editorial actualizaba las tarifas cada año en función del IPC. Luego vino la crisis, y eso que en otros sectores más regulados ni siquiera sería objeto de discusión se abolió de un plumazo.
Duele comprobar que en dos décadas apenas han mejorado las condiciones económicas de un grupo de profesionales que contribuye de manera nada desdeñable a engrosar los beneficios del sector editorial. Así lo corrobora el muy elocuente Informe del valor económico de la traducción editorial publicado por ACE Traductores en 2017 y que no ha perdido un ápice de vigencia: «Los traductores aportamos a las editoriales el 35 % de su facturación anual y, a pesar de ello, debido a la bajada de las tarifas, acumulamos una enorme pérdida de poder adquisitivo».
La pasada primavera sindicatos y patronal alcanzaron un acuerdo para implantar una subida salarial del 10 % a lo largo de los próximos tres años, acuerdo que servirá de base para la firma de los convenios colectivos en los distintos sectores económicos, pero ¿qué ocurre con los traductores editoriales, trabajadores autónomos en su práctica totalidad? ¿Hasta cuándo soportaremos esta imparable pérdida de poder adquisitivo mientras la facturación anual del sector crece sin cesar?
Cabe señalar, además, que la interpretación en España de la Ley de Defensa de Competencia impide en la práctica el derecho a la negociación colectiva de los traductores editoriales, por lo que nos vemos obligados a negociar a título individual con multinacionales en un sector cada vez más concentrado, en el que es muy difícil subsistir al margen de las condiciones impuestas por los grandes grupos editoriales.
Harían bien los editores en reconocer la contribución de los traductores al sector, subiendo las tarifas como mínimo —y según establece la Ley de Propiedad Intelectual— de forma proporcional al vigoroso crecimiento experimentado por el sector en los últimos años y comprometiéndose a actualizarlas anualmente en función del IPC.
Porque traducir libros no es un pasatiempo ni una tarea mecánica, sino un oficio creativo, multidisciplinar y especializado que merece una remuneración acorde a su complejidad y al peso que tiene en una de las principales industrias culturales de este país.
Este manifiesto puede descargarse en formato PDF aquí.
